Martín Berhongaray afirmó que “solamente con relacionar lo que el Casino Club reconoce tributar en concepto de Ingresos Brutos ($ 6.139.000) con la recaudación anual que declara (79 millones de pesos), queda demostrada la falacia de los números aportados”.

“Pido una auditoría”

Hace unos días, el legislador disparó a través de las páginas de este diario un debate sobre la facturación del casino. Fue cuando pidió públicamente que sean citados como “imputados” los funcionarios provinciales vinculados a la modificación entre el Instituto de Seguridad Social y el casino.

Berhongaray sostuvo que en las condiciones originales del contrato la firma debería pagar 60 millones de pesos, y aseguró que paga poco más de tres millones.

Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Casino Club -Ricardo Benedicto- ofreció cifras diferentes: “Facturamos 79 millones de pesos y pagamos once millones: 6,1 millones en ingresos brutos y 4,8 millones en canon”, indicó en una entrevista telefónica con El Diario.

Otros números

Berhongaray recordó que en el acta de la reunión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de fecha 11 de noviembre de 2008, el ministro Ariel Rauschenberger sostuvo que lo recaudado por la Provincia en concepto de Ingresos Brutos correspondientes al Casino “son 7.000.000 de pesos anuales”. Esta cifra surge de la declaración jurada del casino y no de los controles estatales, que fueron eliminados.

Ese monto, según explicó el ministro, surge de tributar “el 4,1% sobre la diferencia de los premios otorgados, o sea, la compraventa”.
En 2009 se duplicó esa alícuota a 8,2%, pero inexplicablemente, según declara el casino, lo tributado por ese concepto cayó a $ 6.139.000, cuando debió duplicarse. “Un evidente dibujo”, dijo Martín Berhongaray.
El legislador señala que “además tengamos en cuenta que los casinos, por una incomprensible excepción que les otorga el Código Fiscal de La Pampa, tributan Ingresos Brutos ’por la diferencia entre los ingresos por venta de fichas y los egresos por pago de las mismas’ (art. 175), a diferencia del resto de los ciudadanos comunes que tributan por el total facturado, sin poder descontar sus costos (art. 172)”.

Explica que “si en 2008 el 4,1% de Ingresos Brutos se tradujo en siete millones de pesos, es obvio que la base imponible (utilidades ’que declaró’ el casino) ascendía por entonces a 170 millones de pesos”.