El sector de los juegos de azar, cuya legislación propone reformar por tercera vez en diez años la DGA, está mutando en Aragón: la afluencia a salas como los casinos y los bingos lleva cinco años de marcada decadencia, en los que su recaudación ha caído un 27,88%, mientras las tragaperras se han hecho con más de dos tercios de las apuestas privadas –481 millones de 668 en el 2009, un 72% del pastel– en un periodo en el que llama la atención la pujanza del ciberjuego al sextuplicarse el número de aragoneses que entra –y pone dinero– en las webs de envites.

Esa evolución tiene su repercusión en las arcas autonómicas. Al cierre del ejercicio del 2005, la tasa sobre el juego le había aportado 76 millones de euros: 40,6 de los bingos, 31,3 de las tragaperras y apenas cuatro de los casinos. La previsión de ingresos para este año –tradicionalmente más optimista que la realidad– contempla una reducción de casi el 15% para acercarse a los 65 millones.

Ese pronóstico prevé que en cinco años la aportación de los casinos a las cuentas de la DGA se haya reducido más de una tercera parte para situarse en 2,5 millones, que la de los bingos decrezca un cuarto para quedarse en 30,05 kilos y que la cuota tributaria de las tragaperras siga creciendo y, tras alcanzar los 32,4 millones, desbanque al anterior sector como en mayor contribuyente indirecto del ramo.

ARGUMENTOS

El proyecto de reforma de la ley del Juego, cuya tramitación parlamentaria inició el jueves la Mesa de las Cortes tras su sigilosa aprobación en el Consejo de Gobierno del 5 de octubre, liberaliza la apertura de casinos y amplía la lista de azares exclusivos de los mismos, deja en manos del consejero del ramo la posibilidad de modificar “las características y las cuantías de las jugadas y premios” de cualquier tipo de envite, excluye a las entidades benéfico-deportivas y culturales de la gestión de los bingos y ratifica que la regulación del ciberjuego también es competencia del Gobierno de Aragón. Se conoció dos días después de que el BOA publicara la orden del Departamento de Interior que limita la apertura de salones de juego, muchos de los cuales se han demostrado inviables, por escasez de demanda, tras el boom de hace unos años.

La exposición de motivos de la reforma legislativa señala que “el sector del juego forma parte del entramado económico y de la realidad social aragonesa, que presenta no solo un gran dinamismo sino también una cada vez mayor complejidad”, y se encuentra “inmerso en un proceso permanente de innovación tecnológica que apuesta decididamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías y de nuevos canales de distribución”.

Ese dinamismo se ha revelado más bien decaimiento en los casinos. Dos de los tres autorizados para operar en Aragón, el estable de Panticosa y el temporal de Jaca, llevan meses cerrados por los problemas económicos de las empresas que los gestionan mientras el único que sobrevive, aunque soportando una constante merma de clientes año tras año, es el de Zaragoza.

PROMEDIOS Por el contrario, el empuje de las tragaperras hace que, pese al aumento de población registrado en los últimos años, la media de gasto anual en juego por habitante de Aragón siga siendo, con 223 euros, una de las más elevadas de España, cercana tanto a las de Canarias y Castilla-León –226– como a las de Valencia y Murcia –231– y solo rebasadas con claridad por las que arrojan madrileños –242– y riojanos –266–.

Aunque también destacan los aragoneses en el número de autoprohibiciones para acceder a salas de juego: 2.510 en el registro estatal –suponen casi el 10%– y 491 en el autonómico.